El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), César Bonilla Yunes, señaló que los empresarios de este sector tienen la obligación de mantenerse informados y buscar procesos de capacitación con respecto a la nueva ley de lavado de dinero que entrará en vigor en julio.
Alertó que de manera involuntaria los integrantes del gremio podrían ser víctimas de ese delito y terminar con multas y sanciones que van de 10 mil a 100 mil días de salario mínimo.
"Tenemos que ser muy cuidadosos con las operaciones de compraventa que hacemos, nos están convirtiendo –a los inmobiliarios– en una especie de auditores del Sistema de Administración Tributaria (SAT)", refirió Bonilla Yunes.
Asimismo, comentó que ahora será necesario acudir de manera frecuente a los servicios financieros de los bancos para hacer cualquier transacción inmobiliaria y que se requerirá una mayor asesoría legal y fiscal para la mediación de compra y venta de inmuebles.
También reiteró la importancia de acudir sólo con profesionales del ramo, ya que en una compraventa entre particulares alguna de las partes podría ser víctima de un delito.
Bonilla Yunes dijo que esta nueva ley aplicará para quienes no cumplan con una serie de procedimientos en operaciones a partir de 485 mil pesos.
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